Caso Axel González: Gendarmería se suma a la investigación y el Comité contra la Tortura pide apartar a la Policía
Por orden judicial y con aval de la Procuración, la fuerza federal peritará celulares y cámaras de seguridad ante la hipótesis que vincula a un móvil policial con la desaparición. El Comité contra la Tortura se presentó como querellante y solicitó allanar la Comisaría Segunda de Fontana bajo el Protocolo de Minnesota.
A diez días de la desaparición de Axel Alejandro González, la causa dio un fuerte giro institucional y sumó complejidad política y judicial. En medio de un escenario de creciente tensión social y reclamos de familiares, la Procuración General de la provincia del Chaco, mediante una resolución firmada por Jorge Canteros, autorizó formalmente la incorporación de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) al expediente para garantizar la transparencia de la pesquisa.
La medida responde de manera directa al pedido del fiscal especial en Derechos Humanos, Luciano Santos. El funcionario judicial justificó la necesidad de convocar a una fuerza federal debido a la delicada naturaleza del hecho y, fundamentalmente, ante la hipótesis inicial que señala una eventual vinculación funcional de personal perteneciente a la Policía del Chaco. Según la denuncia radicada por la madre de Axel, testigos indicaron que un patrullero de la Comisaría Segunda de Fontana habría interceptado al joven la noche en que fue visto por última vez.
De esta manera, Gendarmería quedará a cargo de las pericias técnicas sobre los teléfonos celulares secuestrados en los múltiples allanamientos realizados en Fontana y Puerto Tirol, así como del análisis de los registros fílmicos de las cámaras de seguridad. El objetivo es reconstruir comunicaciones, geolocalizaciones y examinar los movimientos de los móviles policiales sospechosos.
El Comité contra la Tortura se presenta como querellante
En paralelo, el Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco se presentó formalmente este martes como querellante particular en la causa. El organismo consideró «insuficiente» el desplazamiento parcial de efectivos dispuesto hasta el momento por el Ministerio de Seguridad y exigió el apartamiento preventivo total de todo el personal policial mencionado en el expediente.
Asimismo, el Comité elevó un requerimiento urgente a la Fiscalía para allanar de inmediato las instalaciones de la Comisaría Segunda de Fontana. Para este procedimiento, solicitaron la intervención de personal civil especializado ajeno a la fuerza provincial, con el fin de realizar tareas científicas avanzadas que incluyen levantamiento de muestras odoríficas y rastreos con canes; búsqueda minuciosa de restos biológicos y hemáticos mediante la aplicación de luminol y preservación estricta de evidencia física dentro de la dependencia.
El organismo fundamentó que la gravedad institucional del caso exige que toda la investigación se desarrolle bajo los estrictos parámetros del Protocolo de Minnesota – el estándar internacional para investigar ejecuciones extralegales o desapariciones forzadas con posible participación estatal-. A su vez, requirieron medidas de protección para los testigos clave y acompañamiento psicológico integral para la familia González.
Tensión de las querellas y posibles declaraciones de los siete detenidos
La incorporación de las fuerzas federales coincide con los cuestionamientos públicos realizados por la abogada querellante Gabriela Tomljenovic, quien en las últimas horas había advertido sobre la falta de pericias hacia los efectivos policiales señalados por los allegados de la víctima. «Todo es muy incierto», había manifestado la letrada con preocupación.
Por otra parte, fuentes judiciales confirmaron que esta semana podrían comenzar las declaraciones indagatorias de las siete personas de civil que permanecen detenidas en distintas dependencias. Cabe recordar que, tras los operativos ordenados en el entorno íntimo de la exnovia de Axel, la Justicia arrestó a: Lorena Gómez, Ramón Gómez, Sergio Gómez, Agustín Pucheta, Ariel Esteban Lázaro, Leonardo Nicolás Silva y Antonio Omar Iñíguez. Entre los imputados se encuentran la expareja de la víctima, su exsuegro, su excuñado y un boxeador, este último acusado de difundir una versión falsa con el único propósito de desviar el rumbo de la investigación.
Mientras la causa avanza bajo estricta reserva de sumario, las autoridades ratificaron que el Poder Ejecutivo provincial se puso a entera disposición de la Justicia Penal ordinaria, bajo la premisa de garantizar condiciones absolutas de imparcialidad, independencia y celeridad para lograr el pronto esclarecimiento del hecho.
